20/04/2017
PMcM Los grupos políticos se comprometen a poner ya en marcha el régimen sancionador y prometen hacerlo sin trampas en el redactado
La
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la que CONAIF es miembro y una de las entidades fundadoras, ha conseguido, en su IV
Cumbre Político-Empresarial, un gran pacto con los partidos y los grupos del
arco parlamentario para poner ya en marcha el régimen sancionador.
La
cumbre, a la que han asistido varios miembros de CONAIF respresentando a nuestro colectivo, ha contado con la participación de los presidentes de Ciudadanos (Albert
Rivera) y Podemos (Pablo Iglesias), además de más de una decena de portavoces
económicos de todos los grupos parlamentarios.
Los
partidos políticos han coincidido en que es necesario que haya un consenso
unánime para instaurar un régimen sancionador con el que empezar a multar a las
empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por ley,
una propuesta que todos ellos ya incluyeron en sus últimos programas
electorales y que se erige como una de las reivindicaciones clave en el
planteamiento de la PMcM.
Para
su presidente, Antoni Cañete, "un régimen sancionador es la única manera de
conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido
por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos
de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las
prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
En
su opinión, "la cumbre ha sido un escenario perfecto para el debate y los
compromisos para con la sociedad civil”, después de que hace unas semanas el
Congreso de los Diputados aprobara, con el voto favorable del 99% de la Cámara,
una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra
la morosidad.
El
texto también incluía que la nueva Ley de Contratos del Sector Público exija en
las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada
de que pagan a las empresas subcontratadas conforme a la ley (60 días).
Precisamente
la Ley de Contratos del Sector Público -que se está tramitando- ha sido el otro
tema clave de la cumbre, donde se ha alcanzado el compromiso de que no exista
acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor.
En
referencia a la ausencia de representación del Gobierno en la Cumbre, Antoni
Cañete, ha manifestado que "el mensaje es claro: el Gobierno hoy ha preferido
estar en exclusiva al lado de los que cobran y no pagan, en vez de con los
autónomos y pymes, esto es, con la mayoría de las empresas del país, que claman
por tener justicia y que se les defienda delante de la tiranía de algunas
grandes empresas”.
En
el evento también participaron los presidentes de las dos asociaciones que con
PMcM redactaron una propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos del
Sector Público, que presentaron al Gobierno ante el Congreso de los Diputados y
que se espera que se apruebe. Se trata de PIMEC (Micro, Pequeña y Mediana
Empresa de Catalunya), y de CEAC (Confederación de Empresarios de la
Construcción de Aragón), que juntos representan a más de 1.5 millones de empresas.
De
llevarse a cabo todas estas medidas pactadas por las fuerzas parlamentarias "no
solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores,
sino que estaríamos delante de un compromiso político que permitirá no crear
más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, afirma Cañete. Según
el último informe de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores se redujo en
2016 tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando
respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los
30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
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