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  Prensa / CONAIF
22/11/2012
Opinión
Contra el intrusismo, fontaneros habilitados


El Código Técnico de la Edificación puso fin en 2006 a las "Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua” de 1975 y, con ello, al carné de instalador de fontanería en el ámbito nacional. Lo que antes estaba regulado por la Administración Central para toda España, pasó a estarlo por las comunidades autónomas, cada una de las cuales aplicó su criterio particular a la hora de fijar los requisitos para poder ejercer la actividad de la fontanería en sus respectivos territorios.

Esta disparidad de criterios y por lo tanto también de requisitos en cada una de las 17 comunidades autónomas, ha traído como consecuencia un entorpecimiento de la movilidad de las empresas instaladoras dentro del territorio español, es decir, justamente el efecto contrario al pretendido por la Ley Ómnibus. Por esta razón, cada vez se dan más casos de comunidades autónomas que deciden eliminar cualquier tipo de regulación de la fontanería (tal es el caso, entre otras, de las comunidades valenciana y andaluza), acabando con las habilitaciones y favoreciendo con ello el intrusismo profesional y la proliferación de la economía sumergida.

CONAIF lo considera un error con serias consecuencias para la actividad instaladora. La desregulación sólo beneficia a los intrusos y abre la puerta a su entrada en la profesión, aún más ahora que sufrimos el azote de la crisis y el desempleo.

Resulta paradójico e incomprensible que sean las propias comunidades autónomas las que, con estas decisiones, estén poniendo las condiciones idóneas para que el intrusismo campe a sus anchas dentro de la fontanería. En aquellos lugares donde se ha acabado con la regulación, se está llamando a voces a personas sin cualificación ni control de ningún tipo y desprotegiendo al mismo tiempo a unos usuarios que tienen derecho a recibir un servicio de calidad por parte de empresas legalmente establecidas.

Si lo que se pretende es suprimir las trabas a la movilidad, una única regulación para todas las comunidades de España sería, desde el punto de vista de CONAIF, lo más aconsejable. Entendemos que es urgente para el presente y futuro de la profesión recuperar unas habilitaciones a nivel nacional que permitan a los profesionales y empresas trabajar sin restricción en cualquier punto de España. Unas habilitaciones que al mismo tiempo reconozcan a los fontaneros unas aptitudes que garanticen la prestación de un servicio óptimo, así como la calidad y seguridad de las instalaciones.

A la hora de buscar una solución a este problema, que en CONAIF creemos que es de ámbito nacional y por ello requiere una respuesta nacional, nos hemos encontrado con un problema añadido con el que, en principio, no contábamos: nadie en la Administración Central del Estado, ya sean Ministerios u organismos públicos dependientes de ellos, admite ser competente en un asunto como el que planteamos. Desde hace aproximadamente un año y medio CONAIF, con el presidente y la directora general a la cabeza, lleva manteniendo reuniones de alto nivel con responsables ministeriales a los que expone el problema de la fontanería y pide soluciones. En todas ellas la respuesta ha sido la misma: comprensión hacia nuestras demandas e incapacidad para tomar decisiones por no ser un asunto de su competencia, recomendación para acudir a otro Ministerio y vuelta a empezar. Esta forma de pasarse la pelota de unos a otros ha impedido que hasta el momento se haya podido tomar una determinación al respecto.

En los últimos meses hemos mantenido diversas reuniones con los Ministerios de Empleo, Fomento, Vivienda, Industria, Medio Ambiente y Economía. Ninguno de ellos ha admitido tener competencias en la materia, ni tampoco el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), al que también hemos visitado.

La urgencia del asunto nos ha llevado a utilizar otras vías alternativas y plantear, tanto a los dos partidos políticos con mayor representación en las Cortes Generales, es decir, Partido Popular y PSOE; como a las dos principales patronales españolas, CEOE y CEPYME, las reivindicaciones de nuestro colectivo.

Hasta el momento poco se ha conseguido, pero seguimos trabajando en ello. La Comisión de Agua de CONAIF acaba de reunirse con el Defensor del Pueblo y ha diseñado un plan de acción a corto plazo que comprende 12 actuaciones inmediatas, entre las que se encuentra recurrir a las autoridades sanitarias, los medios de comunicación, las organizaciones de consumidores, de municipios y las aseguradoras, además de emitir las debidas alegaciones a los reglamentos nacionales actualmente en tramitación, con las que se defenderá el punto de vista de nuestras asociaciones provinciales y sus empresas instaladoras de fontanería asociadas.

José Cueto García
Responsable de Comunicación de CONAIF



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