Las asociaciones de empresarios de instalaciones de gas de la provincia tinerfeña, Apigaste, y de Las Palmas, Cafongas, reclaman a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno Autónomo que deje de marginar e ignorar a los instaladores, ya que se está dando un trato preferente a la única empresa suministradora de gases licuados del petróleo (GLP), Disa Gas, y que aplique la normativa vigente.

"Nuestras asociaciones llevan años luchando para que la Dirección General de Energía haga efectivo el Real Decreto 919/2006 que regula la actividad de nuestro sector y que supone una garantía de calidad y de seguridad para los usuarios. Sin embargo, a día de hoy, tampoco hemos conseguido que se unifiquen los criterios para la instalación y el mantenimiento del gas. Desde Industria no han resuelto ninguna de nuestras demandas, mientras que sí se atiende a la única empresa suministradora de gas en Canarias”, declaran los directivos de Apigaste y Cafongas.

Los instaladores se sienten también marginados porque entienden que la Dirección General de Energía está permitiendo que no se cumpla la normativa: "El reglamento actual R.D. 919/2006 dice claramente que los instaladores son los únicos responsables de las tareas de inspección de las instalaciones de almacenamiento y de los aparatos receptores, mientras que la empresa suministradora sólo es competente en la instalación receptora. Lamentablemente, esto tampoco se está cumpliendo en la actualidad”, aseguran ambas asociaciones.

No se realizan las revisiones
"En definitiva, se está invadiendo nuestras competencias y, lo que es peor, dejando en manos de la empresa suministradora la libre interpretación de la norma con el grave riesgo que supone el hecho de que no se estén realizando las revisiones necesarias a las instalaciones. Por eso, exigimos un mayor control sobre la empresa suministradora para que no abuse de su posición de dominio, para que no restrinja la competencia y para que no sigan realizando prácticas abusivas. El Gobierno de Canarias debe de hacer algo ante esta situación y con urgencia”, concluyen.

Ante la falta de respuesta para resolver estos problemas, Apigaste y Cafongas quieren hacer llegar al consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge M. Rodríguez, el grave malestar generalizado que vive el sector del gas por la deficiente aplicación de la normativa y por la concurrencia de conductas indeseadas.